El tribunal dictó penas de prisión efectiva y dispuso la restitución de más de $13.000 millones a la Provincia. Tres imputados fueron absueltos. El fallo aún no está firme.

Este viernes, el tribunal integrado por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón dio a conocer el veredicto del juicio por la megacausa de expropiaciones, una investigación iniciada en 2010 que tuvo como eje un presunto perjuicio millonario al Estado provincial. Nueve de los doce acusados fueron condenados a penas de prisión efectiva, aunque no irán detenidos hasta que el fallo quede firme.

El tribunal también ordenó que los condenados devuelvan al Estado $13.110.880.247, monto estimado como perjuicio económico para la Provincia. Además, deberán presentarse mensualmente en la comisaría más cercana, no podrán salir del país y deberán entregar sus documentos de viaje.

Principales condenas

Entre los imputados, el abogado Santiago Graffigna recibió la pena más alta: 7 años y 8 meses de prisión por fraude, tentativa de estafa y asociación ilícita como jefe. También fue condenado Horacio Alday, con 6 años de prisión efectiva. El exjuez Carlos Macchi, previamente destituido por esta causa, recibió 6 años y 2 meses de prisión, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los demás sentenciados son:

• Mario Díaz: 6 años

• Ana María Melvin: 4 años

• José Moreno: 3 años

• Néstor Adán Ruiz: 4 años y 6 meses

• Juan Pablo Quiroga: 3 años

• Víctor Hugo Bustos: 3 años y 6 meses

Fueron absueltos: Julio César Fernández, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera. En tanto, se ordenó una junta médica para evaluar si Fernando Videla y Pedro Bazzani están en condiciones de afrontar un eventual juicio oral.

Una causa de largo recorrido

El expediente tuvo origen en octubre de 2010, cuando la Fiscalía de Estado, por entonces bajo la gestión de José Luis Gioja, denunció una serie de operaciones de expropiación con sobreprecios que habrían generado un alto impacto en las finanzas públicas. La investigación apuntó a un presunto entramado de abogados, funcionarios y personal judicial.

Tras varios años de instrucción, el debate oral comenzó el 19 de octubre de 2022 y se extendió por casi tres años. Se trata de uno de los juicios más extensos en la historia judicial de San Juan, junto a causas como las de lesa humanidad y la desaparición de Raúl Tellechea.

Al concluir la audiencia, los fiscales Daniel Galvani y Liliana Marinero, junto con el Fiscal de Estado Sebastián Dávila y el abogado querellante Rubén Pontoriero, se mostraron conformes con el fallo aunque aclararon que esperarán los fundamentos para definir si presentan apelaciones. Por su parte, las defensas anticiparon que recurrirán el veredicto.