Escrito por Redacción 4DIARIO
septiembre 5, 2025
En los últimos años, las amenazas de bomba se convirtieron en uno de los delitos que más se repiten en San Juan. Lejos de ser “bromas”, los llamados anónimos desatan operativos policiales, desalojos masivos y altos costos económicos, lo que genera preocupación en las autoridades.
Según registros judiciales, los casos pasaron de ser hechos aislados a convertirse en episodios casi cotidianos. En 2025, incluso, hubo jornadas con dos o tres amenazas en un mismo día.
El primer episodio del año ocurrió el 6 de marzo en el Centro Cívico, cuando Emanuel Lucero realizó un llamado alertando sobre un supuesto explosivo. Fue detenido y condenado a dos años de prisión efectiva, por reincidencia.
El 3 de junio, la alarma se trasladó al Hospital Rawson, donde pacientes y personal fueron evacuados. La autora, la bioquímica Rosario Cortez, obtuvo una probation con la obligación de pagar $4 millones y realizar tareas comunitarias.
Un día después, un llamado anónimo confundió a las autoridades y derivó en la evacuación de tres escuelas. Se trató de una menor de edad que quedó a disposición del fuero de Menores. Pocos días después, otra llamada generó la evacuación de la Escuela Eugenia Belín Sarmiento, también atribuida a un menor.
El 30 de julio, la Escuela Boero fue blanco de otra amenaza. Unos 1.500 alumnos debieron ser evacuados. Dos estudiantes de la institución, Ricardo Barassi y Tobías Fernández, fueron identificados como autores y recibieron una probation, con el compromiso de pagar entre ambos $4 millones y realizar tareas comunitarias.
El caso más resonante fue el del recital de Lali Espósito, el 1 de agosto en el Estadio Aldo Cantoni. El show se retrasó por un llamado que aseguraba haber colocado un artefacto explosivo. La Policía descartó la presencia de bombas y el recital se desarrolló normalmente. El autor, Juan Carlos Salem (74), fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y a pagar una multa por tenencia de armas.
Ese mismo día, otra amenaza se registró en una escuela de Valle Grande (Rawson), donde nuevamente se activó el protocolo de evacuación.
Las autoridades destacan que, aunque todas las amenazas resultaron falsas, los costos de los operativos y la alteración de la vida pública son considerables. Por eso, la Justicia busca aplicar penas efectivas, multas millonarias y medidas ejemplificadoras, incluso a menores de edad, para frenar una práctica que se multiplica en San Juan.
