Durante el debate del capítulo laboral del Presupuesto en Diputados, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó que el Gobierno nacional trabaja en una reforma que permitirá negociar convenios por empresa y establecer un sistema salarial basado en la productividad individual.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados continuó este martes con el debate del proyecto de ley de Presupuesto enviado por el Ejecutivo nacional, centrando la discusión en el capítulo laboral.

Con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, los legisladores analizaron los indicadores de empleo formal e informal y las propuestas del Gobierno nacional para la segunda mitad de la gestión de Javier Milei.

Durante su exposición, Cordero aseguró que “hace dos meses” su cartera viene trabajando en una reforma laboral junto a los firmantes del Pacto de Mayo, y explicó que el objetivo es generar un nuevo esquema de negociación más flexible y adaptado a las necesidades de cada empresa.

El funcionario defendió además la política de homologación de paritarias y negó demoras en su tratamiento. “Esta es una secretaría de puertas abiertas, donde buscamos un equilibrio entre los sindicatos y los empresarios. Hay que proteger al sector privado, porque si no se lo protege, se retira”, señaló.

Frente a las críticas de la oposición, que planteó el cierre de empresas, la suba de la informalidad y la pérdida de empleo industrial, Cordero detalló que el nuevo esquema en estudio permitirá negociar convenios por empresa, en lugar de hacerlo únicamente por actividad, para que “las empresas de regiones más desfavorecidas puedan sostener sus operaciones y a sus trabajadores”.

En ese contexto, el secretario introdujo el concepto de “salario dinámico”, que vincularía la remuneración de los trabajadores con su productividad individual. “Queremos que los salarios generen un diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencien y se destaquen”, explicó.

Cordero aseguró que el Gobierno mantiene conversaciones con las cámaras empresariales “para que no trasladen a precios esos aumentos” y que los trabajadores puedan “mantener ese diferencial”.

Además, defendió la eliminación de las multas a las empresas que no cumplieron con la legislación laboral vigente, medida incluida en la Ley Bases. “Las multas iban al Estado, no al trabajador. Lo que se busca es generar un incentivo para formalizar el empleo y reducir la informalidad. Falta mucho, pero lo que se hizo es una base para el desarrollo”, argumentó.