Escrito por Redacción 4DIARIO
diciembre 23, 2025
En un contexto de creciente tensión con Estados Unidos y de denuncias por un endurecimiento de la represión interna, el Parlamento venezolano aprobó este martes una ley que establece penas de entre 15 y 20 años de prisión para quienes promuevan, respalden o faciliten desde Venezuela bloqueos navales, actos de piratería u otras acciones ilícitas internacionales.
El proyecto fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fuerzas aliadas. El texto apunta, según el propio gobierno, a frenar cualquier colaboración o apoyo a las maniobras de presión que atribuye a la administración estadounidense.
La iniciativa surge tras la confiscación de al menos dos buques petroleros que transportaban crudo venezolano hacia mercados internacionales, como China e Irán, y la persecución de un tercer navío en aguas internacionales. El presidente Nicolás Maduro calificó esos episodios como “piratería naval criminal” y acusó a Estados Unidos de impulsar un bloqueo encubierto para desestabilizar su gestión.
La nueva norma lleva el nombre de “Ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”. En su articulado se advierte que toda conducta que “ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde” acciones de bloqueo marítimo, espionaje o intercepción de naves será castigada con penas de prisión, multas equivalentes a cerca de 1,2 millones de dólares y confiscación de bienes.
Desde organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por el alcance de la medida. Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señaló que la ley se inscribe en un proceso de endurecimiento del marco legal penal. Según afirmó, en los últimos años se consolidó una arquitectura jurídica que, a su entender, limita la crítica y desalienta la participación política y social.
El activista advirtió que las penas previstas superan en algunos casos las contempladas en el Código Penal y que la redacción de la norma permitiría interpretaciones amplias y discrecionales, en un contexto institucional donde los organismos encargados de su aplicación dependen del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con este análisis, la ley combina un discurso de defensa de la soberanía nacional con un marco sancionatorio más severo, en medio del conflicto diplomático con Estados Unidos y de las medidas adoptadas por ese país contra el comercio petrolero venezolano.
