La legislación federal de Estados Unidos contempla, en casos excepcionales, la posibilidad de aplicar la pena de muerte por delitos vinculados al narcotráfico, aunque se trata de un recurso poco frecuente dentro del sistema judicial estadounidense.

Según la Ley de Sustancias Controladas, una persona declarada culpable de violar la normativa como parte de una “empresa criminal continua” puede ser elegible para una condena capital. Este criterio está previsto para organizaciones que operan de manera sistemática y a gran escala en el tráfico de drogas, especialmente cuando se demuestra liderazgo y coordinación de actividades ilícitas.

De acuerdo con información de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, los delitos federales que pueden derivar en pena de muerte incluyen principalmente homicidios agravados, traición o espionaje, y, en casos muy específicos, delitos de drogas, aun cuando no haya homicidios involucrados. Sin embargo, especialistas señalan que las sentencias de muerte por narcotráfico son extremadamente infrecuentes.

En el plano político y judicial, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue incluido en 2020 en una acusación presentada por fiscales federales estadounidenses, junto a otros funcionarios venezolanos, por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y conspiración. Esas causas continúan siendo citadas en informes y análisis internacionales.

Analistas recuerdan que, en antecedentes históricos como el del ex líder panameño Manuel Noriega, capturado en 1989 y juzgado en Estados Unidos, la Justicia federal optó por penas de prisión y no por la condena capital.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela sigue siendo objeto de seguimiento internacional, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas, sanciones económicas y debates sobre el futuro político del país sudamericano.