El Parlamento Europeo decidió frenar el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el objetivo de que se analice su compatibilidad con los tratados comunitarios. En términos prácticos, la medida implica la paralización del acuerdo hasta que la Justicia emita su dictamen, lo que podría demorar su entrada en vigor hasta dos años.

La decisión fue adoptada apenas cuatro días después de la firma del pacto, que tuvo lugar el sábado 17 de enero en Paraguay, tras 26 años de negociaciones entre ambos bloques.

Revisión jurídica y freno al cronograma

Con el envío del acuerdo al máximo tribunal europeo, el Parlamento busca determinar si el contenido del tratado se ajusta al marco jurídico de la Unión Europea. Mientras dure ese análisis, el proceso de ratificación quedará suspendido, lo que introduce incertidumbre sobre los plazos previstos inicialmente por la Comisión Europea.

Tras la firma, se había puesto en marcha el procedimiento parlamentario para su aprobación. La Comisión optó por una estructura jurídica que permite avanzar más rápidamente con la parte estrictamente comercial del acuerdo, dado que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea y solo requiere el aval del Parlamento Europeo para su implementación provisional.

Un acuerdo con ratificación compleja

Sin embargo, el acuerdo de asociación completo incluye también disposiciones políticas e institucionales que obligan a su aprobación por parte de los Parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la UE, además de los países que integran el Mercosur.

Recién cuando todos esos procesos de ratificación concluyan, el acuerdo podrá entrar plenamente en vigor y reemplazar al eventual acuerdo comercial interino. La decisión del Parlamento Europeo de recurrir a la Justicia agrega un nuevo capítulo a un pacto que, pese a su firma reciente, continúa enfrentando fuertes debates y resistencias dentro del bloque europeo.