Escrito por Redacción 4DIARIO
febrero 26, 2026
La Libertad Avanza intentará cerrar las sesiones extraordinarias con la aprobación de los proyectos habilitados por el presidente Javier Milei, en el marco de las convocatorias previstas para este jueves y viernes en el Senado.
El temario incluye el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y, especialmente, la modificación de la Ley de Glaciares, un tema de fuerte impacto en provincias mineras como San Juan.
Si bien los 21 senadores oficialistas respaldan la iniciativa, en bloques aliados como el PRO y la UCR no hay una postura unificada, lo que mantiene abierto el poroteo. En ese escenario, todo indica que dos de los tres senadores sanjuaninos votarían a favor y uno en contra.
El senador Sergio Uñac acompañaría la modificación en línea con la postura histórica del peronismo sanjuanino a favor del desarrollo minero, sostenida desde las gestiones de José Luis Gioja.
Por su parte, la senadora Celeste Giménez votaría en contra, alineada con la posición del kirchnerismo duro. En tanto, el senador Bruno Olivera respaldaría el proyecto impulsado por el oficialismo.
La iniciativa propone modificar la norma sancionada en 2010 para flexibilizar la protección absoluta de glaciares y ambientes periglaciales. El objetivo es otorgar mayor injerencia a las provincias para determinar qué geoformas deben protegerse y en cuáles podrían habilitarse actividades productivas, como la minería, según su aporte hídrico.
Uno de los puntos centrales establece que equipos técnicos provinciales podrán excluir un glaciar o ambiente periglacial del inventario si no cumple función de reserva de agua. En ese caso, el organismo nacional encargado del relevamiento —el IANIGLIA— deberá eliminarlo del registro, aunque su eventual demora no invalidará la autorización provincial para avanzar con una Evaluación de Impacto Ambiental.
Actualmente, si un glaciar figura en el inventario nacional, no puede desarrollarse actividad minera en esa zona. Con la reforma, la prohibición quedaría sujeta a que la provincia clasifique el proyecto como una “alteración relevante” tras la correspondiente evaluación ambiental.
