La reforma impulsada por el Gobierno nacional redefine el beneficio y limitará el acceso según criterios de vulnerabilidad. En San Juan, unos 45 mil usuarios dejarían de recibir subsidios.

La Cámara de Diputados de la Nación dio este miércoles media sanción a la reforma del régimen de Zona Fría, una modificación impulsada por el gobierno de Javier Milei que cambiará el esquema de subsidios al gas natural y tendrá impacto directo en miles de hogares sanjuaninos.

La iniciativa apunta a restringir el beneficio y concentrarlo únicamente en sectores considerados vulnerables dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), dejando atrás el sistema ampliado en 2021.

En San Juan, el efecto sería significativo. De los aproximadamente 120.000 usuarios que actualmente acceden a descuentos de entre 30% y 50% en la factura del gas, cerca de 45.000 perderían el beneficio y comenzarían a pagar tarifa plena, mientras que unos 75.000 continuarían dentro del régimen.

Durante el debate parlamentario, la diputada nacional por San Juan Nancy Picón defendió el proyecto y aseguró que quienes cumplan determinadas condiciones seguirán recibiendo asistencia estatal.

Según explicó, en la provincia mantendrán el subsidio quienes tengan certificado de discapacidad, vivienda única, ingresos de hasta $4.300.000 o condición de veterano de guerra, entre otros criterios establecidos por la normativa.

El cambio también impactaría en el bolsillo de quienes queden afuera del esquema. Según proyecciones tarifarias, un usuario residencial promedio que hoy recibe un descuento del 30% podría pasar de pagar alrededor de $34.121 a $48.744, lo que representa una suba cercana al 43%.

En los casos donde actualmente rige un descuento del 50%, el salto sería aún más fuerte: la factura podría duplicarse, pasando de unos $24.372 a $48.744, con incrementos superiores al 100%.

Desde el oficialismo sostienen que el sistema vigente se volvió económicamente inviable luego de la ampliación aprobada hace cinco años, que elevó el universo de beneficiarios de 950.000 a casi 4 millones de usuarios en todo el país.

Según argumentan, el fondo que financia el régimen mediante un recargo sobre las tarifas ya no alcanza para sostener el esquema, obligando a mayores aportes del Tesoro nacional.

La reforma establece que seguirán dentro del beneficio hogares con ingresos limitados, beneficiarios del ReNaBaP, excombatientes de Malvinas y familias con integrantes con Certificado Único de Discapacidad, aunque parte de la reglamentación final quedará en manos de la Secretaría de Energía.