En un clima de fuerte tensión política dentro de la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza puso en marcha el debate por una reforma del régimen de Zona Fría, una iniciativa que podría impactar sobre millones de usuarios del servicio de gas en todo el país y que genera incertidumbre en provincias como San Juan.

El proyecto del oficialismo busca redefinir el esquema de subsidios energéticos y reducir significativamente el universo de beneficiarios, con el objetivo de generar un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.

La propuesta apunta a limitar el beneficio exclusivamente a regiones históricamente contempladas por el régimen original: la Patagonia, Malargüe y la zona de la Puna. De avanzar en esos términos, quedarían excluidas las provincias incorporadas en la ampliación aprobada en 2021, entre ellas San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y San Luis.

Esa modificación aprobada durante la gestión anterior había ampliado el alcance del programa utilizando criterios bioambientales y elevó la cobertura de 950.000 a 4 millones de hogares, alcanzando a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas natural por red.

En el caso sanjuanino, el debate generó especial preocupación, aunque desde el oficialismo local buscaron llevar tranquilidad. La diputada nacional Nancy Picón aseguró días atrás que el texto fue modificado durante su tratamiento en comisión y que los usuarios de San Juan que actualmente reciben el subsidio continuarían accediendo al beneficio si cumplen con las condiciones establecidas por ley.

El proyecto también incorpora otro eje sensible: habilitar a distribuidoras y transportistas eléctricas bajo jurisdicción federal a utilizar créditos acumulados para cancelar deudas con CAMMESA, siempre que desistan de reclamos judiciales o administrativos en curso.

Mientras continúa la discusión parlamentaria, crece la expectativa por el alcance final de una reforma que podría modificar de manera directa el costo del servicio de gas para millones de argentinos.