Escrito por Redacción 4DIARIO
noviembre 11, 2026
La Fiscalía detalló este miércoles los delitos que atribuye a los investigados en la causa por presuntas irregularidades en la licitación, contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, durante la continuidad de la audiencia de formalización en Tribunales.
La investigación alcanza a 11 personas, entre exfuncionarios provinciales, antiguas autoridades y técnicos de OSSE y un representante de la empresa Krah América Latina.
Entre ellos, el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac, el diputado nacional y expresidente de OSSE Cristian Andino y el también extitular de la empresa estatal Sergio Ruiz son quienes enfrentan provisoriamente la mayor cantidad de figuras penales.
La Fiscalía les atribuyó, en carácter de autores, los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
Las imputaciones forman parte de la hipótesis presentada por el Ministerio Público y deberán ser discutidas durante el proceso judicial.
Qué sostiene la Fiscalía sobre Uñac, Andino y Ruiz
Respecto de Sergio Uñac, los investigadores sostienen que durante su gestión como gobernador habría intervenido en decisiones que permitieron flexibilizar controles y procedimientos vinculados con la participación de Krah en las licitaciones.
La Fiscalía también mencionó dentro de su teoría del caso el vínculo familiar del exmandatario con Gustavo Monti, entonces representante de la firma y fallecido este año.
En el caso de Cristian Andino, la acusación se concentra en su período como presidente de OSSE, entre 2011 y 2015. Según la hipótesis fiscal, durante esa etapa se habrían modificado o flexibilizado exigencias técnicas y mecanismos de control que facilitaron la incorporación de la tecnología ofrecida por Krah.
A Sergio Ruiz, quien presidió OSSE entre 2015 y 2019, la Fiscalía le atribuyó participación en la elaboración de pliegos vinculados con las licitaciones posteriormente adjudicadas y otras decisiones que, según la acusación, habrían favorecido a la empresa proveedora.
Las acusaciones contra los demás investigados
La Fiscalía también detalló distintas formas de participación para el resto de las personas alcanzadas por la causa.
Gustavo Mastelono, Humberto Gonzalo Caballero, Juan Antonio Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso fueron señalados, según la acusación, como partícipes necesarios en la presunta defraudación y autores de violación de los deberes de funcionario público en los casos en que esa figura resulta aplicable.
Sobre Mastelono, representante de Krah América Latina, el Ministerio Público sostuvo que conocía las características técnicas de los productos ofrecidos por la empresa y que habría intervenido para lograr cambios que permitieran su participación en el proceso de contratación.
A Humberto Gonzalo Caballero, quien se desempeñaba en el área jurídica de OSSE y actualmente es juez laboral, la acusación le atribuye haber intervenido en decisiones administrativas que, según Fiscalía, redujeron la competencia para la firma proveedora.
En tanto, Juan Carlos Caparrós y Guillermo Nicolás Sirerol, ambos expresidentes de OSSE, fueron señalados como autores de defraudación por administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público.
La Fiscalía sostiene que ambos habrían tenido conocimiento de problemas vinculados con las tuberías y cuestiona las decisiones adoptadas posteriormente sobre la continuidad de su utilización.
Respecto de Juan Antonio Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso, la acusación está vinculada con su intervención técnica o administrativa en diferentes etapas de las licitaciones, controles y ejecución de la obra.
Julio Ortiz Andino será formalizado por separado
El exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino es el único de los 11 investigados que todavía no escuchó personalmente la imputación.
El exfuncionario se encuentra fuera del país por un viaje que había sido informado previamente a la Justicia. La jueza de Garantías Mónica Lucero decidió avanzar con la audiencia respecto de los presentes y disponer que Ortiz Andino sea formalizado en una instancia separada.
La Fiscalía pidió dos años para investigar
Después de exponer los delitos y los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó un plazo de dos años para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria, argumentando la complejidad del expediente.
También pidió que los investigados queden sometidos a las obligaciones procesales previstas para garantizar su comparecencia y evitar cualquier interferencia en la investigación.
Sin embargo, la audiencia no quedó concluida.
Una de las defensas presentó un planteo de nulidad, por lo que la jueza dispuso un nuevo cuarto intermedio para analizar la presentación antes de resolver cómo continuará la formalización.
La audiencia está prevista para retomarse el martes 17 de noviembre a las 14:30.
De esta manera, la Fiscalía ya explicitó qué conductas y delitos atribuye a cada uno de los investigados, aunque la causa permanece en una etapa inicial y será la Justicia la que deberá determinar, a partir de las pruebas y los planteos de las defensas, si esas acusaciones pueden sostenerse durante el proceso.
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