Durante el acto inaugural del nuevo edificio de la Escuela de Nivel Inicial N° 50 “Profesora Margarita Ravioli”, en el barrio La Estancia del departamento Chimbas, el gobernador Marcelo Orrego celebró la concreción de una obra largamente esperada por la comunidad educativa. Sin embargo, el evento también estuvo atravesado por las consultas sobre la protesta que ese mismo día protagonizaron taxistas y remiseros en el centro sanjuanino.

Los trabajadores del transporte reclamaron una mayor intervención del Estado frente al avance de aplicaciones móviles y el trabajo informal en el rubro. Según denunciaron, más de 3.000 autos particulares estarían operando sin habilitación, afectando la fuente de ingreso de quienes trabajan dentro del marco legal.

Ante los medios, Orrego se expresó con firmeza:

“La gente tiene que tener libertad para circular, para llegar a su trabajo o a un hospital. En San Juan se va a aplicar la ley. Quien la infrinja, tendrá sus consecuencias”.

El mandatario reconoció que esta discusión “no es nueva” y recordó que ya existían diferencias entre taxis y remises antes del desembarco de las plataformas digitales, a las que definió como una realidad que “llegó para quedarse”. No obstante, anunció mayores controles para los vehículos que trabajan con aplicaciones y que se exigirá el cumplimiento de requisitos básicos.

Además, confirmó que el Ejecutivo provincial enviará un proyecto a la Cámara de Diputados para avanzar en una regulación integral del transporte público en San Juan.

“No se puede cortar las calles. El que corta, tendrá sus consecuencias”, sentenció.

El Gobierno presentó un protocolo para ordenar las protestas

Por su parte, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, también se pronunció tras el corte total que taxistas y remiseros realizaron el martes sobre Avenida Libertador. El funcionario aseguró que, a partir de ahora, no se permitirán más interrupciones completas del tránsito como forma de protesta.