La medida fue dispuesta en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2 de Buenos Aires ordenó el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero cuyo valor actualizado asciende a $684.990.350.139,86. La medida fue dispuesta en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado, según la resolución firmada el 18 de noviembre de 2025.

El decomiso alcanza a Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, otras personas condenadas y diversas sociedades vinculadas. También incluye bienes a nombre de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, identificados durante el proceso judicial. La sentencia principal, que quedó firme el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el monto en $84.835.227.378,04. Posteriormente fue actualizado con la intervención de peritos oficiales y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

El tribunal intimó a los condenados al pago del monto actualizado, pero ante el incumplimiento ordenó avanzar con la tasación y ejecución de los bienes involucrados, priorizando aquellos que continúan en poder de los responsables y de las sociedades mencionadas en la causa.

Bienes incluidos en el decomiso

La medida abarca inmuebles pertenecientes a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL. También se incluyen propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.

En caso de que el valor de los activos decomisados no resulte suficiente para cubrir el monto fijado, el tribunal dispuso la realización de bienes pertenecientes a Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

Todos los bienes deberán ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados, conforme a la normativa vigente.

Planteos de las defensas

Las defensas solicitaron dejar sin efecto el decomiso al considerar que no se acreditó un vínculo directo entre los bienes y la maniobra investigada. También cuestionaron que se incluyeran activos adquiridos antes del ejercicio de cargos públicos y bienes que ya habían sido analizados en otros procesos concluidos con sobreseimientos.

Fundamentos de la resolución

Según la resolución, la sentencia firme acreditó la existencia de beneficios económicos derivados de la adjudicación y ejecución irregular de obras públicas en Santa Cruz. En ese marco, el tribunal sostuvo que el decomiso puede recaer sobre bienes que constituyan instrumentos, efectos o provecho del delito, aun cuando estén en manos de terceros, salvo que estos hayan actuado de buena fe y a título oneroso.

El fallo citó normativa nacional e internacional, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que instan a los Estados a recuperar activos obtenidos mediante delitos vinculados a la función pública.

Asimismo, se indicó que el decomiso puede aplicarse a bienes transformados, sustituidos o mezclados con patrimonio de origen lícito, siempre que exista una relación temporal y razonable con la conducta investigada.

Próximos pasos

El tribunal remitió la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá determinar el destino de los inmuebles decomisados. La finalidad prioritaria, según se estableció, es reparar el daño ocasionado a la administración pública.

La Fiscalía conserva la facultad de identificar nuevos bienes durante la etapa de ejecución de la sentencia, siempre que cumplan con los criterios fijados por el tribunal. La realización de los bienes se llevará a cabo conforme a las disposiciones legales vigentes.