El Gobierno nacional y la administración de Chubut señalaron la posible existencia de acciones intencionales detrás de los incendios forestales que afectan a la provincia y que ya provocaron la pérdida de más de 2.200 hectáreas. Las declaraciones se dieron mientras continúan activos al menos dos focos ígneos y avanza la investigación judicial para determinar responsabilidades.

El gobernador Ignacio Torres informó que uno de los incendios tiene origen intencional confirmado y que, como consecuencia de la emergencia, diez familias debieron ser reubicadas de manera preventiva. En paralelo, se coordina asistencia entre los gobiernos provincial y nacional para reforzar el combate del fuego y la atención a las zonas afectadas.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se emitió un comunicado en el que se mencionó la presencia de grupos radicalizados en el sur del país, en áreas cercanas a donde se iniciaron los incendios. En ese marco, las autoridades hicieron referencia a antecedentes de hechos de violencia y atentados contra bienes públicos y privados, aunque aclararon que la investigación judicial es la encargada de establecer responsabilidades concretas.

En sintonía con esa postura, el gobernador Torres sostuvo que existen sectores violentos que buscan generar temor y desestabilización en la región, afectando actividades productivas y turísticas. No obstante, desde el Ejecutivo provincial indicaron que no hay imputaciones formales contra personas o comunidades específicas en relación con el incendio actualmente investigado.

El Gobierno de Chubut anunció además una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información certera que permita identificar a los responsables del incendio registrado en la zona de Puerto Patriada, en el norte provincial. La causa es investigada de oficio por la Justicia ordinaria chubutense.

El ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, señaló que la investigación incluye el análisis de distintos elementos, entre ellos el hallazgo previo de explosivos en zonas alejadas, que fueron secuestrados por la Policía. También se investiga una serie de amenazas telefónicas recibidas horas antes del inicio del fuego por una central de brigadistas forestales.

Mientras continúan las tareas para controlar los focos activos, las autoridades reiteraron el compromiso de avanzar con sanciones severas en caso de comprobarse responsabilidades penales, al tiempo que pidieron prudencia y evitar especulaciones mientras se desarrolla la investigación judicial.