Escrito por Redacción 4DIARIO
enero 13, 2026
A través de un comunicado, la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia cuestionó el accionar del inspector general Daniel Roque Vítolo, a quien acusó de utilizar un procedimiento administrativo como un mecanismo de presión institucional. En ese sentido, la AFA negó haber intentado eludir controles y afirmó que “es falso que la AFA se escapó”, en referencia al cambio de jurisdicción que fue objeto de críticas.
El conflicto se centra en el requerimiento de la IGJ para que la AFA y la Liga Profesional de Fútbol brinden explicaciones sobre partidas globales incluidas en sus estados contables. Según el organismo estatal, esas cifras superarían en conjunto los 450 millones de dólares y corresponderían a ejercicios acumulados durante los últimos ocho años, sin el nivel de detalle considerado necesario. Desde la IGJ sostienen que las observaciones realizadas con anterioridad no habrían sido respondidas.
En su descargo, la AFA indicó que presentó formalmente la información correspondiente a los ejercicios contables comprendidos entre 2017 y 2023. El comunicado señala que la documentación fue entregada en tiempo y forma y que el objetivo de la respuesta es clarificar la situación ante las asociaciones afiliadas y la opinión pública, con respaldo en documentación pública y actos administrativos verificables.
La entidad del fútbol argentino aseguró además que no registra incumplimientos ante la IGJ. Según expresó, todos los balances requeridos fueron presentados y sólo recibió una observación formal conforme a la normativa vigente, la cual fue contestada de manera inmediata. También remarcó que cuenta con certificados de vigencia y domicilio emitidos por la propia IGJ, en los que se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones legales.
Finalmente, la AFA reafirmó su disposición al cumplimiento institucional y rechazó cualquier acusación de maniobras evasivas. En ese marco, sostuvo que durante los últimos años no recibió requerimientos válidos de información por parte del organismo de control, ratificando su postura frente al avance del conflicto administrativo.



