En el marco de la investigación por presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motors, el Ministerio Público Fiscal de San Juan informó que se presentó una propuesta de reparación integral que fue aceptada por una amplia mayoría de los denunciantes.

El fiscal a cargo de la causa, Guillermo Heredia, puso en conocimiento de los damnificados la oferta presentada por la defensa de los imputados, que contempla la devolución total del monto estimado del perjuicio económico, calculado en 540 millones de pesos —509 millones correspondientes al capital y 31 millones en concepto de intereses—.

La propuesta beneficia a 357 personas denunciantes. De ese total, 347 aceptaron inicialmente el acuerdo y nueve más se sumaron durante la semana, lo que representa una adhesión mayoritaria de las víctimas.

Cómo sería el esquema de pago

El planteo establece un plan de pago financiado a 120 días, dividido en cinco cuotas. Según lo informado, el primer pago se realizaría 15 días después de la eventual homologación judicial del acuerdo.

Además, la propuesta incluye garantías sobre bienes muebles e inmuebles de los imputados, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la restitución del dinero.

Desde la Fiscalía aclararon que esta medida reparatoria se limita al aspecto penal del proceso, por lo que no afecta posibles acciones civiles que las víctimas pudieran iniciar de manera individual.

La investigación

Para llegar a esta instancia, el equipo fiscal realizó un exhaustivo análisis financiero y patrimonial, que incluyó la revisión de informes provenientes de centenares de entidades crediticias para reconstruir los movimientos bancarios y determinar la trazabilidad del dinero.

Durante la investigación también se llevaron adelante 12 allanamientos y un relevamiento detallado de los bienes disponibles.

El trabajo fue desarrollado por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que en 40 días desde la primera denuncia realizó una intensa tarea investigativa orientada no solo al avance del proceso penal, sino también a lograr una reparación económica para las víctimas.

El equipo estuvo integrado además por los ayudantes fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores, junto con las colaboradoras Julieta Luluaga y Johana Madeo.

Falta la decisión judicial

Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que con anterioridad se presentaron dos ofertas reparatorias por parte de los acusados, aunque ambas eran por montos inferiores al perjuicio estimado, por lo que en ese momento no se alcanzó un acuerdo y se avanzó con el proceso penal y la detención de los imputados.

Ahora, la propuesta deberá ser analizada por la jueza de Garantías, quien tendrá la responsabilidad de evaluar los términos del acuerdo y definir si corresponde o no su homologación judicial.