En un fallo de alto impacto internacional, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló la sentencia de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012.

La resolución revierte el fallo dictado en 2023 por la jueza Loretta Preska, quien había considerado que el Estado argentino incumplió obligaciones vinculadas al estatuto de la compañía durante el proceso de nacionalización. La Cámara entendió que esa interpretación no correspondía bajo el derecho argentino, lo que desarma el fundamento central de la condena.

Un fallo clave en un juicio histórico ⚖️

La causa llevaba más de una década de litigio en tribunales estadounidenses y representaba la mayor demanda económica contra el país en el exterior.

Con la decisión judicial:

• se revocó la condena contra la República Argentina
• se confirmó la desestimación de reclamos contractuales contra el Estado
• se ratificó la absolución de YPF
• el expediente continuará con instancias procesales posteriores

El fallo también dejó sin efecto órdenes vinculadas a la entrega de acciones como parte de la ejecución de la sentencia.

Impacto económico y político

La sentencia representa un fuerte alivio para las finanzas del país, ya que el monto reclamado —que con intereses superaba los USD 18.000 millones— era considerado uno de los principales riesgos judiciales externos para la Argentina.

Tras conocerse la resolución, el presidente Javier Milei celebró públicamente el resultado y lo calificó como un logro jurídico histórico para el país.

En la misma línea, el ministro de Economía Luis Caputo destacó el trabajo del equipo legal que llevó adelante la defensa del Estado durante el proceso.

Qué puede pasar ahora

Aunque el fallo representa una victoria significativa para la Argentina, los demandantes aún podrían intentar recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos, última instancia posible dentro del sistema judicial norteamericano.

El litigio se originó tras la expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF durante 2012, una decisión que derivó en reclamos de inversores internacionales que cuestionaron el proceso de estatización ante tribunales estadounidenses.