El juez de Garantías declaró la incompetencia del fuero local y remitió el expediente al ámbito federal ante posibles maniobras de lavado, manipulación de mercado e intermediación no autorizada.

La investigación por la presunta megaestafa vinculada a Global Market dio un giro clave en San Juan. Luego del cuarto intermedio dispuesto la semana pasada, el juez de Garantías resolvió hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y declaró la incompetencia de la Justicia provincial, por lo que el expediente fue remitido al fuero federal.

La decisión fue adoptada por el juez Javier Figuerola, quien coincidió con el planteo del fiscal Nicolás Alvo respecto a que los hechos denunciados excederían una presunta estafa común y podrían encuadrarse en delitos de competencia federal vinculados al orden económico y financiero.

En ese marco, la investigación apunta ahora a posibles maniobras de lavado de activos, manipulación de mercado e intermediación financiera no autorizada, delitos contemplados en el Código Penal y cuya investigación corresponde al ámbito federal.

Según la resolución, existen sospechas de que los imputados —Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada— habrían captado fondos de terceros mediante una estructura de inversiones sin autorización legal, utilizando esos recursos en operaciones que aparentaban legitimidad financiera.

Uno de los ejes centrales del fallo está vinculado al presunto lavado de activos, a partir de la hipótesis de que el dinero obtenido de manera ilícita habría sido reinsertado en el circuito económico mediante operaciones presentadas como inversiones de mercado.

Además, la Justicia evaluó indicios sobre una posible manipulación del mercado financiero y la captación de recursos ajenos a través de GMI Inversiones sin habilitación oficial para operar como intermediario financiero.

Aunque algunas querellas intentaron que la causa permaneciera en la Justicia sanjuanina, el magistrado entendió que esos planteos no tenían sustento suficiente y rechazó los pedidos.

Ahora será el fiscal federal de turno quien deberá analizar el expediente remitido, definir si acepta la competencia y determinar cómo continuará una causa que involucra a múltiples denunciantes y millonarias sumas de dinero.