La Subsecretaría de Trabajo de San Juan continúa analizando la situación derivada del paro docente convocado esta semana y aguarda los informes oficiales del Ministerio de Educación para definir si corresponde aplicar sanciones económicas a los gremios que adhirieron a la medida de fuerza.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó que el organismo ya notificó a las organizaciones sindicales sobre la vigencia de la Ley de Modernización Laboral, que considera a la educación como un servicio esencial y establece la obligación de garantizar una prestación mínima del 75% durante las jornadas de paro.

«Emitimos una resolución intimando a los sindicatos para que aseguraran la prestación de, como mínimo, el 75% del servicio. Ahora estamos analizando la situación y esperando los informes del Ministerio de Educación sobre el nivel de acatamiento», señaló el funcionario.

Diferente situación entre los gremios

Marchese indicó que la situación administrativa no es igual para todos los sindicatos.

Explicó que UDAP y AMET notificaron formalmente ante la Subsecretaría de Trabajo su adhesión al paro nacional, mientras que UDA no presentó esa comunicación y, además, había difundido previamente un comunicado informando que no se sumaría a la medida de fuerza.

Sin embargo, los relevamientos preliminares reflejaron un importante nivel de adhesión en establecimientos secundarios, donde UDA concentra gran parte de sus afiliados.

«Habrá que analizar cada situación en particular. Si se comprueba que realizaron la medida de fuerza pese a haber informado previamente que no adherían, esa circunstancia será evaluada al momento de determinar las sanciones que pudieran corresponder», afirmó Marchese.

Esperan los informes de cada escuela

El funcionario explicó que antes de adoptar cualquier decisión, la Subsecretaría necesita contar con un relevamiento detallado del presentismo en cada establecimiento educativo.

El objetivo es diferenciar las inasistencias motivadas por el paro de aquellas justificadas por licencias médicas u otras causas legales, para establecer con precisión si efectivamente se incumplió el porcentaje mínimo de prestación exigido por la normativa nacional.

Una vez concluido ese análisis, el organismo determinará si corresponde aplicar multas económicas a las organizaciones sindicales involucradas.

El contexto del conflicto

El paro se realizó en el marco de una convocatoria nacional impulsada por gremios docentes en rechazo a las políticas educativas y económicas del Gobierno nacional.

En San Juan, la medida se desarrolló pese a que los sindicatos provinciales habían alcanzado recientemente un acuerdo paritario con el Ejecutivo local.

Desde la Subsecretaría de Trabajo sostuvieron que la Provincia tiene competencia para intervenir en el conflicto, ya que el servicio educativo depende de la jurisdicción provincial y no existió una conciliación obligatoria dictada por la autoridad laboral nacional que suspendiera las facultades del organismo sanjuanino.