Este lunes, el Gobierno nacional anunció una serie de medidas que implican una reestructuración profunda del sistema vial argentino. Entre ellas se destacan la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a manos privadas.

La medida será instrumentada por decreto presidencial en las próximas horas, y se enmarca dentro del proceso de transformación del Estado que impulsa la actual administración. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien explicó que esta reorganización busca combatir “la corrupción en la obra pública”.

“La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”, afirmó Adorni, al referirse a las irregularidades detectadas en licitaciones y ejecuciones de obras viales en gestiones anteriores. Según indicó, estas medidas responden a fallos judiciales que señalaron prácticas como adjudicaciones irregulares, pagos anticipados injustificados y obras inconclusas sin sanción.

El vocero también confirmó que se eliminará el organismo encargado del control del tránsito y la seguridad vial, y que la infraestructura vial será gestionada a través de un nuevo esquema de concesiones privadas.

El anuncio fue respaldado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien explicó que la iniciativa se inscribe en el objetivo de “eliminar estructuras asociadas a la ineficiencia y el gasto injustificado”.