El Ejecutivo busca suspender la aplicación de la norma mientras insiste en que no define cómo se financiará.

El Gobierno nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar suspender la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de un conflicto que ya suma fallos judiciales y tensión política.

Desde el Ejecutivo sostienen que la norma presenta un problema central: no establece de qué partidas saldrán los fondos ni define fuentes concretas de financiamiento, argumento que ya había sido utilizado tanto en el veto presidencial como en instancias judiciales previas.

La postura oficial se remonta al decreto 647/2025, donde se planteó que la aplicación de la ley debía quedar en suspenso hasta que el Congreso determinara cómo financiarla dentro del presupuesto nacional. Sin embargo, esa interpretación fue rechazada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó al Estado cumplir con los artículos vinculados a salarios docentes y becas estudiantiles.

Pese a ese revés, la Casa Rosada decidió escalar el conflicto al máximo tribunal. En el entorno presidencial aseguran que la presentación también busca ganar tiempo y sostener que la implementación debe ajustarse a la disponibilidad presupuestaria, para evitar un impacto en el equilibrio fiscal.

En paralelo, el oficialismo evalúa impulsar una nueva ley que modifique el costo fiscal de la normativa vigente y reabra el debate en el Congreso con una alternativa de menor impacto en las cuentas públicas.

Mientras tanto, el Gobierno afirma que continuará con una actualización gradual de partidas universitarias, con transferencias mensuales en lugar de un desembolso total inmediato. Esta visión coincide, en parte, con sectores del sistema universitario como la Universidad de Buenos Aires, donde también prevén una implementación progresiva y sin pagos retroactivos completos en el corto plazo.