El presidente del bloque Producción y Trabajo sostuvo que el convenio permitirá anticipar recursos para obras y empleo, defendió el esquema del 1,5% para infraestructura y cuestionó a los sectores que rechazaron la iniciativa en Diputados.

El presidente del bloque Producción y Trabajo en la Cámara de Diputados de San Juan, Juan de la Cruz Cordoba, defendió el acuerdo entre el Gobierno provincial y Vicuña y aseguró que el convenio es “sustancialmente importante y beneficioso para San Juan”, principalmente porque permitirá disponer de recursos antes de que el proyecto minero entre en producción.

En declaraciones al programa Redacción San Juan, Cordoba sostuvo que el entendimiento con la empresa es uno de los instrumentos que podrían ampliar la capacidad financiera de la Provincia para sostener obra pública en un contexto de menor asistencia nacional.

“Creo que esto le va a permitir al gobernador contar con recursos que en gestiones anteriores venían de los gobiernos nacionales”, afirmó. Y señaló que esos fondos, sumados a la posibilidad de una colocación de deuda, podrían acelerar inversiones en infraestructura.

El legislador remarcó que el impacto económico no se limitaría a la obra pública. “Seguramente van a ser varios miles de sanjuaninos” los que podrían conseguir trabajo en la construcción, estimó, y planteó que una mayor ocupación registrada podría trasladarse al consumo, el comercio y el acceso al crédito.

Uno de los ejes de su defensa estuvo centrado en los US$250 millones que Vicuña se comprometió a aportar de manera anticipada. Córdoba rechazó las críticas que sostienen que la Provincia resignaría ingresos futuros al aceptar ese monto antes del inicio de la producción.

“El aporte que va a hacer esta empresa va a ser sin haber empezado todavía a producir”, remarcó. Según explicó, el proyecto prevé iniciar su producción alrededor de 2030, mientras que los desembolsos comenzarían varios años antes.

Para Cordoba, el análisis debe incorporar también el valor financiero del dinero en el tiempo. “Sería sustancialmente más conveniente que esperar a que, año a año, a partir de que empiece a producir, pusiera plata”, sostuvo.

También cuestionó que se presente el aporte del 1,5% para infraestructura como una obligación automática establecida por ley. Según su interpretación, se trata de un esquema acordado entre las partes y no de una imposición legal uniforme para todos los proyectos.

Como antecedente, mencionó los convenios celebrados con Veladero, Casposo y Gualcamayo y señaló que los porcentajes y condiciones fueron diferentes según cada negociación.

“No es una cuestión legal y, por lo tanto, lo que se acuerde es un tema en el que las partes tienen que estar de acuerdo”, afirmó.

Cordoba destacó además que el acuerdo mantiene vigente el 1,5% destinado al fideicomiso para obras, pese a que, según señaló, ese punto había formado parte de las diferencias durante la negociación con la empresa.

Otro de los argumentos del diputado fue la necesidad de garantizar previsibilidad a las inversiones mineras de largo plazo. Indicó que las reglas sobre regalías, aportes y condiciones de operación deben mantenerse durante períodos extensos para reducir la incertidumbre de los proyectos.

“Dar seguridad, dar certeza y, en definitiva, dar confianza a los inversores es clave”, expresó.

El presidente del bloque oficialista también cargó contra la oposición legislativa que votó en contra del acuerdo y consideró que parte del rechazo tuvo motivaciones políticas.

“Es una noticia positiva que, obviamente, en términos políticos, a dirigentes de la oposición no les conviene”, afirmó.

Cordoba sostuvo además que llamó su atención que los diputados de departamentos con actividad minera respaldaran el convenio mientras otros legisladores de zonas sin minería metalífera plantearan objeciones vinculadas con la aceptación social.

En ese sentido, cuestionó la extensión de las discusiones políticas cuando, a su criterio, existe una demanda inmediata de empleo e infraestructura. “Los tiempos de la política no son los mismos tiempos de la gente”, señaló.

El acuerdo con Vicuña quedó así en el centro de la estrategia financiera y de infraestructura del Gobierno provincial. Su implementación será clave para determinar cuánto de los recursos anticipados logra traducirse efectivamente en obras, empleo y actividad económica antes del inicio productivo del proyecto minero.