Escrito por Redacción 4DIARIO
septiembre 8, 2026
La Justicia de San Juan condenó a cuatro años de prisión efectiva a Alejandro Esequiel Jofré, un agente del Servicio Penitenciario Provincial, tras comprobar que cometió 53 estafas mediante falsas propuestas de inversión que ocasionaron un perjuicio económico de $264.395.400.
La sentencia fue dictada por el juez Matías Parrón, quien homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Guillermo Heredia, y la defensa del acusado. En ese marco, Jofré reconoció los hechos y su responsabilidad penal.
Cómo funcionaba la maniobra
Según la investigación, el condenado captaba dinero de compañeros de trabajo, familiares, amigos y otras personas ofreciéndoles supuestas inversiones con ganancias de hasta 50% en plazos de entre 30 y 60 días.
Para generar confianza, se presentaba como inversor y financista, asegurando tener negocios vinculados con la comercialización de harina, artículos de limpieza, materiales de construcción, préstamos a empresas y hasta operaciones con la Municipalidad de Angaco.
Además, exhibía vehículos, saldos bancarios y otros elementos para reforzar una imagen de solvencia económica.
La Fiscalía determinó que, en una primera etapa, devolvía capital e intereses a algunos inversores, lo que incentivaba nuevas inversiones y recomendaciones dentro del propio Servicio Penitenciario.
53 víctimas y más de $264 millones de perjuicio
La investigación estableció 53 hechos independientes de estafa.
Las víctimas entregaron, en conjunto, más de $323 millones mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales y dinero en efectivo. Aunque parte de esos fondos fue restituida en algunas operaciones, el perjuicio económico comprobado ascendió a $264.395.400.
Entre los damnificados figuran principalmente agentes penitenciarios, aunque también fueron afectados policías, empleados municipales, comerciantes, profesionales, jubilados y familiares de otras víctimas.
En varios casos, las personas utilizaron ahorros, indemnizaciones, seguros, préstamos bancarios e incluso tarjetas de crédito para reunir el dinero que luego entregaron al condenado.
Una investigación con más de 180 operaciones analizadas
La UFI reunió un importante volumen de evidencia para reconstruir el recorrido del dinero.
Entre las pruebas incorporadas se encuentran:
- 53 denuncias.
- Más de 180 comprobantes de transferencias y operaciones con billeteras virtuales.
- Conversaciones de WhatsApp.
- Pagarés.
- Informes de entidades financieras y organismos públicos.
Los investigadores determinaron además que parte del dinero fue transferido a cuentas del propio Jofré, de familiares, de su pareja y de terceros indicados por él.
Cuando comenzaron los reclamos por la falta de devolución del dinero, el condenado alegaba supuestos bloqueos de cuentas bancarias y otros inconvenientes financieros para justificar los incumplimientos.
La condena y las medidas patrimoniales
Al fijar la pena, el Ministerio Público Fiscal tuvo en cuenta la cantidad de víctimas, el monto del perjuicio económico, la duración de la maniobra y el aprovechamiento de la confianza generada a través de los vínculos laborales.
Como atenuantes se consideraron la falta de antecedentes condenatorios, la edad del acusado y el reconocimiento de los hechos durante el proceso.
Además de la prisión efectiva, la sentencia dispuso mantener y actualizar las medidas cautelares sobre los bienes del condenado para preservar la posibilidad de reparar económicamente a las víctimas, junto con el decomiso de los bienes que correspondan y la restitución de los efectos secuestrados que puedan ser identificados como propiedad de los damnificados.
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