La iniciativa obtuvo 60 votos afirmativos y dos negativos. Prevé beneficios fiscales para inversiones desde los 12 millones de dólares y apunta a fortalecer la industria nacional proveedora de los grandes proyectos de cobre, litio y oro.

El Senado de la Nación otorgó media sanción al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una iniciativa que busca promover inversiones productivas mediante beneficios tributarios y cubrir el espacio existente entre los mecanismos destinados a proyectos de mediana escala y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto recibió 60 votos afirmativos y dos negativos y contempla incentivos para inversiones a partir de los 12 millones de dólares. Su implementación podría tener impacto en el sector minero, especialmente en las empresas nacionales que integran la cadena de proveedores de los grandes emprendimientos que se proyectan en Argentina.

La construcción y puesta en marcha de minas de cobre, litio y oro demandará una amplia infraestructura industrial, equipos especializados y servicios capaces de cumplir con estándares internacionales de calidad, seguridad y plazos de entrega.

Qué beneficios contempla el nuevo régimen

Entre los principales instrumentos previstos por la iniciativa se encuentran:

• Amortización acelerada de inversiones en el Impuesto a las Ganancias.

• Devolución anticipada de créditos fiscales del IVA.

• Estabilidad tributaria por 30 años para los beneficios reconocidos.

Estos mecanismos podrían favorecer a compañías dedicadas a la fabricación de estructuras metálicas, componentes electromecánicos, sistemas de bombeo, equipamiento industrial y otros productos necesarios para la actividad minera.

Uno de los objetivos es facilitar que las empresas puedan invertir previamente en maquinaria, tecnología, instalaciones y certificaciones para responder a las demandas de los grandes proyectos.

Sin embargo, los beneficios fiscales no representan subsidios directos ni garantizan financiamiento bancario o la adjudicación de contratos comerciales.

El impacto en las provincias mineras

El régimen también plantea desafíos para las pequeñas y medianas empresas proveedoras de provincias como San Juan, Catamarca y Salta. El requisito de una inversión mínima de 12 millones de dólares supera la capacidad de inversión de buena parte de los emprendimientos de menor escala.

Por ese motivo, los beneficiarios directos podrían ser principalmente las empresas industriales con mayor capacidad de inversión. En tanto, los proveedores más pequeños tendrían la posibilidad de participar indirectamente a través de una eventual ampliación de las cadenas de contratación.

Otro aspecto importante es que la obligación de incorporar proveedores nacionales no implica necesariamente una preferencia automática por las empresas radicadas en las provincias donde se desarrollan los yacimientos.

La iniciativa busca generar condiciones para ampliar la capacidad industrial del país y preparar a sus proveedores para responder a las necesidades de una actividad minera que proyecta importantes inversiones en los próximos años. Al haber obtenido media sanción, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo para convertirse en ley.