La cifra surge del Reporte Anual 2025 de Proyecto Mirar, elaborado por CEDES junto a Ibis Reproductive Health. En 20 jurisdicciones se contabilizaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo. El estudio también advierte que distintas provincias comenzaron a asumir con recursos propios la compra de insumos que anteriormente se adquirían desde Nación.

El sistema público de salud de San Juan registró 1.657 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE e ILE) durante 2025, según un relevamiento difundido este lunes sobre la implementación de la Ley 27.610.

El dato forma parte del Reporte anual 2025: El reto de sostener el aborto legal en Argentina, elaborado por Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health.

El estudio recopila información solicitada a las autoridades sanitarias provinciales y nacionales y analiza tanto la cantidad de prácticas registradas como las condiciones de funcionamiento y financiamiento del sistema.

Más de 1.600 prácticas registradas en San Juan

Los 1.657 procedimientos informados en San Juan corresponden exclusivamente al sistema público provincial durante 2025.

A nivel nacional, el reporte reunió datos de 20 jurisdicciones y contabilizó 87.603 IVE e ILE, con una tasa estimada de 7,45 procedimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, prácticamente sin cambios frente al registro de 2023, que había sido de 7,49.

Sin embargo, el propio relevamiento aclara que la cifra no constituye un total de todo el país.

Para 2025 se obtuvieron respuestas directas de 16 jurisdicciones y los registros nacionales permitieron completar los datos de San Juan, San Luis, Corrientes y Tucumán. No se contó con información completa de Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero, y tampoco se incluyeron prácticas realizadas en obras sociales o establecimientos privados.

La mayoría se realizó durante las primeras semanas

En las 11 jurisdicciones que aportaron información detallada sobre la edad gestacional, aproximadamente el 90% de las intervenciones se realizaron dentro de las primeras 12 semanas de embarazo.

El informe señala además un predominio de los tratamientos farmacológicos y una participación importante de los establecimientos del primer nivel de atención.

La Ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020, establece actualmente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y contempla supuestos específicos después de ese plazo.

Provincias asumieron parte del financiamiento

Otro de los puntos abordados por el reporte es el financiamiento de estas prestaciones.

Según Proyecto Mirar, tras la discontinuidad de la compra centralizada desde Nación de medicamentos específicos utilizados para estas prácticas, 13 jurisdicciones sostuvieron la adquisición de insumos con recursos provinciales propios.

El estudio analiza este cambio como parte de una mayor participación presupuestaria de las provincias en la implementación de la política sanitaria.

La Ley 27.610 continúa vigente en todo el territorio nacional, por lo que las prestaciones contempladas por la norma siguen formando parte de las obligaciones del sistema de salud.