Escrito por Redacción 4DIARIO
octubre 21, 2026
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, aunque introdujo modificaciones respecto del texto que había recibido media sanción del Senado.
La votación terminó con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Estas últimas, correspondientes a legisladores de Córdoba, resultaron determinantes para que el oficialismo y sus aliados consiguieran avanzar con la iniciativa.
Como el proyecto sufrió cambios durante su paso por Diputados, deberá regresar ahora al Senado, que tendrá que definir si acepta las modificaciones realizadas por la Cámara baja o insiste con la redacción que había aprobado inicialmente.
Diputados restituyó la Ley de Tierras
Uno de los principales cambios se produjo alrededor de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, sancionada en 2011.
El dictamen incorporó dos artículos: uno deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la norma, y otro establece nuevamente su plena vigencia.
De esta manera, vuelven a regir las restricciones previstas para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
Entre otros límites, la legislación establece un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, además de otras restricciones sobre la concentración por nacionalidad y determinadas zonas del territorio.
La reincorporación de este régimen fue uno de los puntos negociados por el oficialismo para conseguir los respaldos necesarios durante el debate.
Qué cambia en las expropiaciones
El proyecto también introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones por parte del Estado.
La iniciativa refuerza los requisitos para declarar la utilidad pública de un bien y modifica los criterios utilizados para calcular las indemnizaciones.
Entre los puntos contemplados se encuentra la utilización del valor de mercado del inmueble y el reconocimiento del lucro cesante dentro del cálculo correspondiente.
Sectores de la oposición cuestionaron estas disposiciones durante el debate y advirtieron que podrían incrementar los costos y las dificultades para concretar obras públicas que requieran expropiaciones.
Cambios en los procesos de desalojo
Otro de los capítulos centrales está relacionado con los desalojos y la restitución de inmuebles.
Para los casos de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino ante la falta de pago y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación antes de iniciar la acción judicial.
El proyecto también incorpora mecanismos para agilizar determinados procedimientos de restitución de inmuebles y contempla la posibilidad de disponer medidas anticipadas bajo caución juratoria.
Cuando en una vivienda residan menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, deberán intervenir los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional transitoria, sin detener el trámite judicial.
Además, si posteriormente se determina que el propietario ocultó información o documentación para conseguir una desocupación anticipada, el texto contempla sanciones económicas.
El proyecto vuelve al Senado
La iniciativa había llegado a Diputados con media sanción del Senado, pero los cambios introducidos durante su tratamiento impiden que sea enviada directamente al Poder Ejecutivo. El expediente oficial confirma que la Cámara alta había aprobado previamente el proyecto con modificaciones.
Ahora será nuevamente el Senado el encargado de analizar el texto y resolver sobre las modificaciones realizadas por Diputados.
Entre ellas, la de mayor impacto político fue la restitución completa de la Ley de Tierras, que volvió a quedar incorporada al régimen vigente tras la modificación del artículo correspondiente del DNU 70/2023.
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