El Gobierno de San Juan formalizó este martes el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que apunta a fortalecer la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en el crecimiento que proyecta la actividad minera para los próximos años.

La propuesta, impulsada por la gestión del gobernador Marcelo Orrego, llega en un contexto de fuerte expectativa para el sector. Según datos oficiales, existen compromisos de inversión por más de 31.200 millones de dólares vinculados a cinco proyectos mineros que avanzan bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), además de la presencia en San Juan de cuatro de los siete yacimientos de cobre de clase mundial identificados en Argentina.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que la norma no establece cupos obligatorios ni limita la libre competencia, sino que exige a las compañías mineras y a sus principales contratistas la elaboración de planes de desarrollo con objetivos progresivos, medibles y sujetos a monitoreo público.

“El impacto positivo de la minería no depende del volumen extraído, sino de la capacidad de transformar esa riqueza en empleo de calidad y desarrollo empresarial a largo plazo”, afirmó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea.

Tres ejes centrales

La iniciativa se estructura sobre tres pilares principales.

El primero está vinculado al empleo local. El proyecto establece como meta que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes de San Juan, otorgando prioridad a quienes habitan en los departamentos donde se desarrollan los emprendimientos.

El segundo eje se enfoca en el fortalecimiento de proveedores provinciales. En ese sentido, se propone que el 60% del monto anual destinado a bienes, servicios y obras corresponda a empresas sanjuaninas, siempre que existan condiciones competitivas de mercado.

Por último, el proyecto busca coordinar las acciones de desarrollo comunitario y responsabilidad social empresarial con los planes estratégicos de los municipios, promoviendo inversiones alineadas con necesidades de infraestructura, salud y educación.

Además, las compañías deberán publicar cronogramas de contratación y compras futuras, permitiendo que las empresas locales conozcan con anticipación las demandas previstas y puedan prepararse para participar en licitaciones.

Registro e incentivos

Entre los aspectos más relevantes figura la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), una plataforma pública y digital destinada a identificar y registrar a las firmas que podrán ser consideradas dentro de las metas de contratación local.

Para acceder a esa categoría, las empresas deberán acreditar domicilio operativo en la provincia, cumplimiento tributario local y una plantilla integrada, al menos, en un 80% por trabajadores sanjuaninos.

La norma también contempla beneficios para las operadoras que alcancen simultáneamente los objetivos de empleo y compras locales. En esos casos podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá ser cedido a pequeñas y medianas empresas proveedoras para cancelar impuestos provinciales.

Por otra parte, el proyecto prevé mecanismos de control y sanciones para los incumplimientos injustificados, con multas que podrían alcanzar las 60.000 Unidades Tributarias.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería, que trabajará junto a una Unidad Técnica Interministerial y un Consejo Consultivo integrado por representantes del sector público y privado.

Debate por la participación de los departamentos mineros

La presentación del proyecto se produce luego de que surgieran cuestionamientos desde sectores empresariales de departamentos directamente vinculados a la actividad minera.

Uno de los planteos más visibles fue realizado por Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio. Su presidente, Alberto Grau, advirtió que la definición de proveedor local incluida en el proyecto podría generar desventajas para las empresas radicadas en las zonas de influencia directa de los proyectos.

Según explicó, considerar como local a cualquier empresa establecida dentro de la provincia coloca en igualdad de condiciones a firmas ubicadas en distintos departamentos con aquellas que conviven cotidianamente con el desarrollo minero.

Grau sostuvo que los beneficios deberían priorizar, en primer término, a las comunidades directamente impactadas por la actividad extractiva, una preocupación que, según indicó, ya fue planteada durante las instancias de consulta impulsadas por el Gobierno y también trasladada al diputado departamental Jorge Deguer.

Ahora, el proyecto comenzará su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde se espera un intenso debate sobre el alcance de una norma que busca definir cómo se distribuirán los beneficios del crecimiento minero en San Juan.