Una auditoría sobre los ejercicios 2023 y 2024 detectó inconsistencias en la recaudación municipal. La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.

La Justicia de San Juan investiga un presunto faltante de $108.463.580,03 en la Municipalidad de Calingasta, luego de que una auditoría interna detectara inconsistencias en la recaudación correspondiente a los ejercicios contables de 2023 y 2024.

La revisión fue impulsada por la gestión del intendente Sebastián Carvajal y derivó en una denuncia que quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales. El juez de Garantías Sergio López Martí fijó un plazo de un año para el desarrollo de la investigación.

La auditoría detectó diferencias en dos ejercicios

Según las actuaciones administrativas, las diferencias alcanzan $52.995.746,12 correspondientes a 2023 y $55.466.824,71 de 2024, lo que conforma un faltante total superior a los $108 millones.

De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la elaboración de los balances para el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, las irregularidades no responderían a un hecho aislado, sino a un esquema sostenido de diferencias en la recaudación.

Cómo se detectó la maniobra

Las inconsistencias fueron identificadas en los fondos provenientes del cobro de tasas y servicios municipales realizados a través del sistema San Juan Servicios.

La auditoría comparó los tickets entregados a los contribuyentes con los depósitos bancarios efectuados posteriormente y detectó que parte del dinero recaudado no habría ingresado a las cuentas oficiales del municipio.

Medidas administrativas

Tras el inicio de las actuaciones, la entonces tesorera municipal, Marta Noelia Campos, fue requerida para presentar documentación respaldatoria sobre los movimientos observados.

Según informó el municipio, al considerar insuficientas las explicaciones brindadas y advertir demoras en la entrega de documentación, el Ejecutivo resolvió apartarla preventivamente de sus funciones en Tesorería. Debido a que integra la planta permanente, fue reubicada en otra área sin manejo de fondos públicos.

La investigación podría ampliarse

Si bien las irregularidades detectadas corresponden a los ejercicios 2023 y 2024, el intendente Carvajal sostuvo que las pericias podrían extenderse a los años 2021 y 2022.

Ese período coincide con la gestión del exintendente y actual diputado provincial Jorge Castañeda, aunque hasta el momento la investigación busca determinar si existieron responsabilidades individuales o posibles mecanismos que permitieran la continuidad de las irregularidades.

Durante los próximos doce meses, la UFI Delitos Especiales realizará peritajes informáticos, análisis bancarios y revisión documental para establecer el origen del faltante y las eventuales responsabilidades penales.